Pero para que esta oportunidad se materialice en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la base tecnológica e industrial española de Defensa, garantizando al mismo tiempo el mejor uso de los fondos públicos, la Administración Pública debe contribuir al ordenamiento del sector.
Para ello, debe promover el alineamiento del crecimiento de los presupuestos con la necesaria inversión de la empresa privada, evitando las duplicidades innecesarias y los riesgos derivados de tecnologías inmaduras que, sólo aparentemente, son tecnologías nacionales.
El desarrollo de nuevas capacidades operativas en un entorno tecnológico complejo y de acelerada evolución, requiere del mantenimiento de un nivel adecuado de inversión, así como de los mecanismos que permitan a la empresa la planificación efectiva a medio y largo plazo.
Medidas regulatorias
La respuesta empresarial a esta extraordinaria oportunidad requiere apoyo político decidido y materializado en un entorno legislativo y presupuestario lo más estable y predecible posible, con medidas regulatorias, entre las que cabría mencionar como esenciales, al menos, las siguientes:
- Una ley de financiación plurianual de inversiones de defensaque garantice el nivel de certidumbre necesario para acometer las necesarias inversiones de larga duración.
- Financiación de los costes de I+D requeridos para generar las capacidades industriales de defensa como verdaderas capacidades industriales nacionales estratégicas, con carácter finalista (no como anticipo) y con cargo a los presupuestos de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Ciencia e Innovación, y dejando al Ministerio de Defensa la financiación de los costes recurrentes de producción.
- Aprobación, dentro de los techos de gasto de los programas de obtención de armamento, de los importes del apoyo logístico y del apoyo en servicio, que posibiliten la entrada en servicio y operación efectiva de los costosos sistemas de armas. Estos importes se estiman en profundidad durante la denominada fase de Determinación de Viabilidad del planeamiento militar, pero la aprobación del techo de gasto no los incluye, lo que genera no pocas dificultades cuando el sistema de armas entra en servicio.
Esperemos que esta oportunidad única de ordenar el sector de Defensa se considere como una estrategia nacional dentro de un pacto de Estado y no se desaproveche esta vez por las urgencias en obtener capacidades u otras disfuncionalidades.
Salvador Álvarez, Managing Director en Grupo Oesía
